Después de mucho repetir que no se iba a abaratar el despido, puede decirse que es la única medida tomada en la reforma laboral. Sus artífices mienten cuando dicen que lo abaratan para el empresario pero no para el trabajador puesto que un despido caro tiene como función representar una barrera de salida. Si el precio lo paga otro a través del establecimiento de una colaboración desde las arcas del Estado , pierde ese carácter de barrera de salida. No creo que, a estas alturas, nadie vaya a dudar de esto pero, si a alguien le cabe la menor duda, puede preguntarse por qué las bajas incentivadas se instrumentan como despido improcedente y encontrará una respuesta muy sencilla: Porque buena parte de la indemnización, es decir, el seguro de desempleo y el dinero no ingresado en el fisco que correspondería a una baja voluntaria pero no a una forzada, lo recibe el trabajador pero no lo paga la empresa. Se podía hacer peor pero es difícil.

Por otro lado, algunas de las «novedades» están vigentes desde 1994 y no se han aplicado por la misma razón que no se van a aplicar ahora: Porque, en lugar de responder a una normativa clara, implican una judicialización del proceso y los jueces siempre han aplicado y aplican la doctrina de in dubio, pro operario, causa por la que los despidos a 20 días por año por causas técnicas u organizativas, que existen desde 1994, nunca han llegado a ser aplicados sin pasar por la autorización del ERE.

Que una barrera de salida -un precio de despido muy elevado- lo es también de entrada y el empresario se lo pensará mucho antes de contratar es una evidencia para todos. Cosa distinta es que una reforma tenga que nacer y morir con un abaratamiento del despido. Elementos como la flexibilidad funcional, la posibilidad de pactar individualmente condiciones de trabajo, el replanteamiento completo del modelo de la Seguridad Social tanto en sus capítulos de ingresos como en los de gastos y la liquidación de las carísimas e inútiles estructuras que supuestamente representan a empresarios y trabajadores, incluida la ley de huelga que nunca se llegó a sacar, en unos casos por miedo y en otros casos por facilitar los desmanes de los propios siguen pendientes.

Por añadidura, ni siquiera quieren responsabilizarse de esta reforma y, después de aprobada, la llevan al Parlamento. No, señores. Que cada palo aguante su vela y, en este caso, les toca a ustedes tragarse sus contradicciones y toda la demagogia que se ha venido haciendo hasta que en Europa se han hartado de pagar los platos rotos.

Después del discutido anuncio de los recortes en pensiones y en salarios en la Administración Pública, llega ahora el turno de la reforma laboral. Quizás alguien se pregunte por qué se puede discutir tanto cuando hay una realidad y es el hecho de que no hay dinero suficiente. La respuesta es muy sencilla y se puede resumir en una sola palabra: Ejemplaridad.

Cuando alguien pide sacrificios, pierde toda legitimidad para hacerlo si, a su vez, no lo hace en las cosas que le tocan más de cerca. Hay muchos ejemplos e incluso un periódico Internet ha sacado una especie de juego con el título «Zapatero nos necesita»(http://especiales.libertaddigital.com/recorte-zp/)  invitando a sus lectores a elegir en qué terrenos se deben hacer recortes presupuestarios. Es posible que haya que bajar sueldos, es posible que haya que congelar pensiones e incluso es posible que haya que aumentar impuestos y, sin embargo, todo ello sigue siendo discutible porque:

1. La crisis que hoy se vende con tintes trágicos y requiriendo el esfuerzo de todos fue negada hasta la víspera de las elecciones generales, como puede verse todavía en los videos del debate Solbes-Pizarro en Youtube.
2. Las autonomías son un auténtico pozo sin fondo de recursos aunque la deuda es del Estado o, dicho de otra forma, el despilfarro absurdo de cualquier autonomía, consentido desde el Estado central por razones electoralistas,  lo pagamos todos y no sólo los que residen y votan en ella.
3. Hay costosísimos sacos de corrupción como el PER, que nadie se ha atrevido a reformar ni menos aún a quitar por el impacto electoral que habría tenido cualquier acción en ese sentido.
4. Existen ministerios completamente absurdos con su correspondiente dotación de recursos y altos cargos que podían estar mejor empleados en otros lugares. Lo mismo puede decirse de los centenares de asesores que pueden encontrarse en la propia presidencia del Gobierno o en ayuntamientos como el de Madrid.
5. Los partidos políticos y los sindicatos  viven del presupuesto, es decir, de todos en lugar de hacerlo de las cuotas de sus afiliados,  habiendo dado lugar a formas de vida: El político o el sindicalista no son ya profesionales que circunstancialmente se dedican a la política o al sindicato y si, en un momento, no están de acuerdo con lo que hacen sus jefes de filas, simplemente se marchan. Son, incluso a niveles bastante bajos profesionales de la política o del sindicato e intentan sacar el máximo de su profesión en términos económicos, de poder o ambos. Ese cambio ha dado lugar a un nuevo perfil, considerablemente más bajo, tanto del político como del sindicalista promedio.
6. Se derrocha dinero a manos llenas en capítulos completamente absurdos, desde la subvención a películas que jamás llegan a una sala de cine, equipos de traducción en el senado para que puedan entenderse entre sí personas que tienen como lengua común y nativa la oficial en todo el Estado hasta grupos nacionales o extranjeros sin más razón que la afinidad con el gobierno de turno y la vanidad de éste de poder ejercer de dadivoso con otros que estén todavía peor.
7. Se saca a centenares de inspectores de Hacienda de su labor de persecución de operaciones en paraísos fiscales para dedicarse a la persecución de PYMEs y autónomos y se tocan las rentas del trabajo pero no las SICAV.

Probablemente, algunos de estos capítulos tienen una importancia cuantitativa menor pero lo que no es menor es el carácter de ejemplaridad. Del mismo modo que en una empresa no se puede llamar a la austeridad y decir que se van a bajar las dietas y bajar la categoría de los hoteles en los viajes profesionales a la vez que la dirección continúa haciendo ostentación de todo tipo de gastos suntuarios, en el Estado tampoco y con mucha mayor razón. Éste es el capítulo que se lleva varios días discutiendo y se seguirá discutiendo con sobrada razón por la falta de legitimidad que conlleva la falta de ejemplaridad en la conducta de quien pide sacrificios. Ahora viene la segunda parte: La reforma laboral.

Michael Porter, conocido gurú de la estrategia en la Harvard Business School, identificó hace años los conceptos de barrera de entrada y barrera de salida pero, aunque no lo hizo totalmente explícito en su modelo, quedaba bastante claro que no eran conceptos independientes sino que tenían una estrecha relación entre sí: Si un negocio tiene una barrera de salida muy elevada, es dudoso que haya mucha gente que invierta en él porque, si las cosas salen mal, puede perder hasta la camisa. Aunque venga de Harvard y los conceptos tengan nombres tan sonoros como «barreras de entrada» o «barreras de salida», esto no es otra cosa que el más elemental sentido común. ¿Qué ocurre si nuestro «negocio» consiste en contratar a alguien? ¿No seguiremos la misma lógica? ¿No nos lo pensaremos más cuanto mayores sean las «barreras de salida»?

En la dialéctica al uso de sindicatos y del gobierno actual, se habla de que las reformas no deben «recortar los derechos de los trabajadores». Sea; no los recorten. El principal derecho de un trabajador es, precisamente, el derecho al trabajo y mediante el mantenimiento de un trato de privilegio a algunos, están dificultando el ejercicio a ese elemental derecho por parte de casi cinco millones de personas. En «Camino de servidumbre» (https://factorhumano.wordpress.com/2009/12/09/camino-de-servidumbre-de-friedrich-a-hayek/) Hayek ya avisaba de que el nazismo sobrevino precisamente por la creación de castas privilegiadas por parte de los gobiernos alemanes de la época en estos términos:

El conflicto entre el fascista o el nacionalsocialista y los primitivos partidos socialistas tiene que considerarse, en gran parte, como uno de aquellos que es forzoso surjan entre facciones socialistas rivales. No había diferencia entre ellos en cuanto a que la voluntad del Estado debía ser quien asignase a cada persona su lugar en la sociedad…pero, mientras los viejos partidos socialistas o las organizaciones laborales dentro de ciertas industrias no encontraban, generalmente, mayores dificultades para llegar a un acuerdo de acción conjunta con los patronos en sus respectivas industrias, clases muy amplias quedaban marginadas. Para ellas, y no sin alguna justificación, las secciones más prósperas del movimiento obrero parecían pertenecer a la clase explotadora más que a la explotada.

¿No le suena a conocido esto a cada uno de los casi cinco millones de parados o a la cantidad de personas que tienen contratos precarios, vía ETT, temporales, por obra o servicio o como falsos autónomos cuando no directamente sin contrato alguno? Cuando sus «defensores» tienen su puesto blindado ya que, incluso en el caso de un ERE (expediente de regulación de empleo) en la empresa en la que ellos están en calidad de «liberados», a ellos no se les puede tocar e incluso su sindicato se lucrará con el ERE.

Los «parias de la tierra» de la Internacional no son los trabajadores de los que se dice que no se quieren recortar sus derechos sino aquéllos que los tienen recortados desde hace bastante tiempo y éstos no están representados.  ¿Por qué en España, a diferencia de otros países, se empieza a crear empleo sólo cuando el PIB está creciendo por encima del 3%? ¿No dice eso nada? Está claro que sí; dice que, puesto que la barrera de salida es muy elevada, no se contrata si no se está muy seguro de que las cosas van a ir razonablemente bien al menos en el medio plazo. No existen los derechos de «los trabajadores». Hoy, más que nunca, se puede decir que existen derechos «de unos trabajadores» que entran en conflicto con los derechos «de otros trabajadores» , fundamentalmente los de los trabajadores en desempleo.

Que hay que tener un modelo laboral más flexible y no sólo en el apartado de coste de despido sino en muchas más cosas es algo que hoy debería ser difícilmente discutible y, sin embargo, continúa siendo discutido por organizaciones que, ante todo, se defienden a sí mismas y a los privilegios graciosamente otorgados con el dinero ajeno, es decir, el nuestro. Que los sindicatos y los partidos políticos tienen una utilidad es algo difícil de dudar; otra cosa es que «estos» sindicatos y «estos» partidos políticos la tengan. Unos y otros se arropan con el manto de los intereses generales cuando, a estas alturas, parece bastante claro que los únicos intereses que les preocupan son los suyos propios.

La imaginería sindical al uso en España no funciona para mucha gente que ha visto hasta donde se puede llegar por el camino de favorecer a los amigos y seguir un camino marcado por la ideología sin permitir nunca que la realidad estropee la película que cada uno se haya montado. Quizás de esta etapa se pueda sacar algo positivo: La vacunación contra la demagogia y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Los excesos, lamentablemente, siempre han provocado un movimiento pendular; en un momento en que la defensa de los intereses propios casi ha llegado a romper el péndulo, es difícil saber cuál será la intensidad del próximo movimiento pero hemos aprendido que Scott Adams no acertó en «El principio de Dilbert» cuando dijo que el trabajador que no funciona es desplazado al lugar en que menos daño puede hacer, es decir, a la dirección de la empresa. Quien no lo supiera antes, tiene ya suficientes elementos de juicio para saber que los Nerón y los Calígula son más peligrosos cuanto más poder tienen y, antes de apoyarlos pensando en sus propios intereses, a lo mejor había que mirar un poco más allá pero esto parece estar más allá del alcance de la casta político-sindical que actualmente tiene en sus manos algo tan serio como el modelo laboral y el derecho al trabajo de los casi cinco millones de personas convertido en papel mojado por incompetentes y rufianes propios y ajenos.

Nos jugamos mucho y no es seguro que las personas que se supone van a negociar una reforma laboral sean conscientes de ello y si, en caso de serlo, les importa lo más mínimo.

¿Es casualidad que la apología de Mario Conde se produzca en un momento en que las dudas sobre la incompetencia de Gobierno y oposición van dejando de ser dudas y pasando a ser certezas? ¿Es un primer paso para lanzarse de nuevo a una carrera política aprovechando la ausencia de alternativas creíbles por uno y otro lado?

Mario Conde y sus portavoces mediáticos no nos dicen nada nuevo cuando desvelan que detrás del caso Banesto hubo una maniobra política de gran envergadura. Sin embargo, es mucho más difícil sostener que Mario Conde aterrizó en la cárcel EXCLUSIVAMENTE por causas políticas y que no había metido la mano en la caja.

Uno, Felipe González, temía a Mario Conde como oponente en un momento en que los escándalos de corrupción le saltaban por todas partes; otro, José María Aznar, acababa de conseguir librarse del padrinazgo de Fraga y temía a Mario Conde como eventual sustituto. Ambos, por tanto, tenían motivos para desear la caída de Mario Conde pero eso no convierte a éste en inocente de toda culpa.

Mario Conde puede quejarse, con razón, de que con él se cometió un agravio comparativo ya que otros Bancos, fundamentalmente el entonces Banco Hispano Americano, se encontraban en una situación completamente crítica pero la amistad de su entonces presidente, Claudio Boada, con Carlos Solchaga y su grupo llevó a que los tratamientos de los casos Banesto e Hispano fueran radicalmente distintos.

La entrada de Mario Conde en Banesto fue una maniobra magistral: Banesto era un Banco ineficiente con una plantilla con la edad media más elevada de toda la Banca y cuyos pobres resultados hacían que sus acciones estuvieran valoradas a la baja. Sin embargo, el grupo industrial que había detrás tenía una dimensión mucho mayor de lo que podía pensarse por el valor de las acciones en el mercado, o sea, Banesto era el candidato ideal para una OPA hostil encaminada a trocearlo. Al vender piezas del grupo industrial a precio de mercado, mucho más elevado que el valor contable que reflejaba el valor de adquisición mucho tiempo atrás, eso podía transformarse en una máquina de hacer dinero durante bastantes años. Por añadidura, la elevadísima edad media de la plantilla permitía un cambio total hacia un modelo mucho más eficiente de funcionamiento sin necesidad de ningún tipo de soluciones traumáticas sino, simplemente, recurriendo a prejubilaciones de verdad, no de las que se comenzaron a hacer poco más tarde afectando a personas por debajo de los 50 años.

Mario Conde tuvo una gran perspicacia cuando se dio cuenta de qué era realmente Banesto y su enfrentamiento con el poder comenzó porque alguien más se había dado cuenta de lo mismo: José Ángel Sánchez Asiaían, entonces presidente del entonces Banco de Bilbao, quien quiso comprar Banesto contando con todas las bendiciones del poder político del momento. La negativa de Mario Conde a aceptar la compra de Banesto por el Banco de Bilbao sería el inicio del enfrentamiento que, en su primera fase, concluyó con su llegada a una cárcel en la que el régimen penitenciario debía ser lo suficientemente relajado como para permitir verle, mientras estaba encarcelado, comiendo en una conocida arrocería de los alrededores de Madrid. Aclaro que esto último nadie me lo ha dicho; estaba en la mesa contigua a la mía.

Si repasamos la historia de Banesto durante la época de Mario Conde, encontraremos que los beneficios que daba Banesto no procedían de su actividad bancaria sino del capítulo de «atípicos», es decir, de la venta con gran beneficio de una serie de empresas del grupo industrial y del reparto del dinero. Al parecer, maniobras políticas aparte, una parte de ese dinero no llegó nunca a los accionistas sino que se quedó en el camino y ésa fue la causa de la condena aunque, lamentablemente, tengamos que coincidir con Mario Conde en que eso le habría salido gratis si hubiera tenido las amistades convenientes y no hubiera estorbado los intereses políticos de los que tenían en su mano los resortes del poder para imponerlos.

La hagiografía de Mario Conde ha sido emitida por un medio que se identifica a sí mismo como «la derecha en España». A cualquiera le puede sorprender un mensaje publicitario que coloca a Sarkozy como «la derecha en Francia», a Merkel como «la derecha en Alemania» y, sin embargo, cuando llega a España no identifica a Mariano Rajoy como «la derecha en España» sino que se identifican ellos mismos como tales. Como en este ámbito nadie da puntada sin hilo, no podemos pensar que esa atribución o falta de atribución sea accidental sino que, de una forma absolutamente transparente, nos están diciendo que no consideran a Mariano Rajoy el líder de la derecha en España…y probablemente coincidan en la apreciación con muchos miembros del PP. Si esto es así ¿cuál es la alternativa a Rajoy?

Desde una posición de alguien que se considera «la derecha en España» no cabe pensar en que la solución venga de un recambio de Zapatero que haga dar un giro de 180 grados (360 que diría Ana Mato) a la política del PSOE. Si hablamos de un partido emergente como UPyD, mucha gente no afín al PSOE puede coincidir al 100% con el mensaje de Rosa Díez y mucha gente que sí es afín al PSOE pero no a Zapatero también. Sin embargo, es una alternativa más que dudosa. En primer lugar, el sistema electoral español favorece a los grandes partidos y a los que tienen su voto concentrado en pocas circunscripciones y un partido nacional minoritario tiene unas posibilidades mínimas. Sin embargo, no es éste el problema más grave: En la remota hipótesis de que UPyD llegase a alcanzar un número de votos que le permitiese ejercer como bisagra ¿contribuiría UPyD a limpiar el sistema o la diversidad de procedencias y tendencias de sus miembros haría que asistiéramos a una subasta del voto pudriendo todavía más el sistema de lo que ya lo está? Por último, UPyD es básicamente de izquierdas y muchos de sus miembros lo utilizan como una especie de «PSOE en el exilio» que espera la caída de Zapatero para volver a su papel de «senadores romanos» una vez desaparecidos Calígula y su caballo.

En estas condiciones ¿cuál es la apuesta de Intereconomía o, como ellos se califican, «la derecha en España»? Un líder de la derecha que pueda representar una alternativa a Rajoy y que pueda recoger a militantes y votantes descontentos con su acción o su inacción. Algunos no ocultan sus preferencias para ese papel por Esperanza Aguirre pero ésta no se ha decidido a dar el paso definitivo; además, Esperanza Aguirre, como ella misma reconoció cuando le preguntaron por su valoración en las encuestas, tiene adhesiones incondicionales y enemigos mortales. Alguien con un perfil intelectual más alto que una persona que no había leído a la famosa escritora «Sara Mago», como Esperanza Aguirre, pero con unos principios liberales igualmente sólidos  y dispuesto a defenderlos sin complejos sería una opción ideal. Exigir que, además,  fuera honrado sería ideal pero utópico.

A estas alturas, creo que somos muchos los convencidos de que el sistema político se sustenta en la doctrina MAD (Mutual Assured Destruction) que consiguió la paz en la época de la guerra fría. Nadie asciende en el escalafón de un partido si tal partido no tiene los recursos para, cuando le sea necesario, poder destruir al que se ha convertido en molesto. Es posible que alguien más optimista que yo piense que no es así; en tal caso, no estará de más recordar que las filtraciones que descabalgaron a Borrell de su puesto de candidato a la presidencia nacieron dentro del PSOE y, por idéntica razón y con idéntico origen, tenemos en estos días las informaciones que van saliendo encaminadas a la caza y captura de Bono con la finalidad de anularlo como alternativa. A alguien dentro del PSOE y partidario de Zapatero, si no él mismo, le puede venir bien liquidar políticamente a Bono y a alguien, que se autodefine como «la derecha en España», le puede venir bien publicar esa información para que no se produzca el relevo de Zapatero en el PSOE en la forma de un personaje que pudiera tener algún tirón populista. Por supuesto, al igual que en el caso de Conde, el hecho de que Bono sea atacado por motivos políticos no presupone en modo alguno su inocencia.

Con todo este cóctel ¿qué nos queda? Mario Conde. Mario Conde fue víctima, además de sus propias acciones, de una maniobra política en la que convergieron los intereses de las cabezas de los dos grandes partidos. Ahora, paradójicamente, nos lo quieren beatificar por idéntico motivo: Necesidad de buscar urgentemente un recambio tanto en el liderazgo de la derecha como en el de la izquierda.

Hace algún tiempo  me comentaron algo que me pareció increíble y tomé nota para, en caso de que fuera real, llegar hasta donde hiciera falta, incluso al Tribunal Constitucional aún sabiendo que decisiones pasadas e indecisiones presentes hacen que, por decirlo suavemente, no se encuentre en su momento de mayor prestigio. La cosa era que una infracción de tráfico cometida sin ir al volante de un vehículo que exigiera carnet de conducir podía, igualmente, suponer puntos en el carnet de conducir.

La objeción que se puede hacer es absolutamente clara: Supongamos que voy conduciendo una bicicleta -que no requiere carnet de conducir- y me salto un semáforo. Me tropiezo con un guardia urbano de la variedad normópata y decide que me va a sancionar y que la sanción me va a suponer pérdida de puntos en el carnet de conducir. Supongamos que en el mismo momento otro ciclista actúa de idéntica manera y el guardia le sanciona también a él pero, puesto que no tiene carnet de conducir, la misma acción tiene una sanción distinta en uno y en otro caso.¿Dónde está la lógica?

Pues bien, ahora sale el nuevo Código Penal que establece que, en determinadas situaciones como conducir con una alta tasa de alcohol en sangre, una de las sanciones asociadas es la confiscación del vehículo. Supongamos tres posibilidades:

1. Voy conduciendo pero el coche no es mío o es alquilado.
2. Voy conduciendo y el coche es mío pero es un cascajo que estoy encantado de que me quiten de encima.
3. Han pillado a Cristiano Ronaldo conduciendo un Ferrari recién comprado y a su nombre.

Idéntica situación. ¿Puede el Código Penal establecer sanciones distintas para el mismo acto en función de quién lo cometa? Si todos somos iguales ante la ley, parece que no. ¿No tienen nada que decir a esto ni la férrea oposición ni el prestigioso Tribunal Constitucional? ¿Tendrá alguien que llegar hasta Estrasburgo para intentar restablecer la cordura?