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El «dejá vu» de la intervención: El despotismo iletrado

Que la intervención en España va a ser inmediata es cosa cantada. Que muchos de los que se supone que deberían reconducir la situación lo están deseando no se entendería bien si no acudimos a un paralelismo reciente:

En España, todos los gobiernos han privatizado empresas y los sindicatos, fieles a su excelentemente pagada tarea de agitar la calle, han salido siempre a vociferar que «privatizaban las empresas rentables». Claro.

Cuando una empresa está en situación de monopolio o cuasi-monopolio es difícil dejar de ser rentable: Basta con sumar el dinero que se piensa gastar y, una vez que se sabe eso, poner el precio correspondiente. Habría que ser muy tonto para perder dinero así aunque, por otra parte, el dinero ganado de esta forma no deja de ser una vía de robar al consumidor que paga un precio mucho más caro del que correspondería y que se va en sueldos urdangarinescos y otras gabelas.

Cuando las relaciones entre el poder y la empresa, incluyendo los sindicatos, han llegado a un grado de complejidad e intereses cruzados tal que se hace imposible la ruptura, los distintos gobiernos han optado por dejar que venga alguien de fuera sin compromisos previos y arregle la situación: Ellos no se atrevían a hacerlo.

Llamemos a la empresa a privatizar «Estado» y veremos el paralelismo. Se supone que el Estado, sufragado por todos los ciudadanos, está para servir a éstos pero la realidad es muy distinta: El ciudadano, consumidor forzoso de los servicios del Estado, paga por éstos un precio disparatado pero, salvo que abandone su país, no tiene otra alternativa que hacerlo. El político, en un alarde de creatividad similar al de las empresas privatizadas, ha ido subiendo el precio de los servicios a la vez que retira éstos en calidad y cantidad; al igual que en las empresas antes públicas, se veía primero en qué se iba a gastar el dinero y después se fijaba la cifra de ingresos que, por supuesto, incluye todo tipo de privilegios, corruptelas, duplicidades e ineficiencias.

Cuando una mayoría de los ciudadanos proclaman su hartazgo de la situación y les dicen a los políticos que hagan las cuentas al revés, es decir, que establezcan la cifra de ingresos necesaria tras recortar todo lo que sobra -y es mucho- antes de subir precios y bajar calidades de los servicios, el político se ve pillado por los compromisos establecidos con propios y ajenos. Se prefiere la intervención para tener el recurso de echarle la culpa al de fuera.

La absurda estructura del Estado en España es sobradamente conocida fuera y tener menos conocimiento detallado significa también no verse enmarañado por el detalle e ir al tema central. La intervención está ahí y mucho me equivocaría si no está pactada incluyendo en el pacto la colaboración con quien va a manejar una tijera que no han tenido capacidad para manejar quienes deberían haberlo hecho.

Hace menos de un año, afirmaba que el principal problema de España era que sus dos principales políticos, excluyendo al que lo es por vía dinástica y al que también hay que echarle de comer aparte, tenían un problema: Uno no tenía nada por encima del cuello y otro no tenía nada por debajo de la cintura. Del primero la cosa ha quedado clara para propios y ajenos y respecto del segundo hubo quien, agarrándose a un clavo ardiendo, quiso albergar esperanzas y considerarle una especie de cruce entre el Cid e Isabel la Católica. Desengáñense. No es más que un burócrata indeciso y, eso sí, resentido y maniobrero con los propios.

Los mercados, culpables ¿Y los políticos?

Cuando se habla de «ataque de los mercados» suele omitirse algo fundamental: «Los mercados» son personas u organizaciones que prestan dinero a alguien que se lo pide y cuanto menos se fía más caro lo vende. Lo mismo que haría cualquiera de nosotros: Nos metemos en un negocio de riesgo si, en caso de salir bien, vamos a ganar bastante dinero. Si no nos gusta el riesgo, optamos por alguien que nos pague menos pero de quien tenemos la seguridad que nos va a pagar.

¿No actúa así un trabajador cuando prefiere un contrato fijo en el que le paguen menos antes que uno temporal en el que le paguen más? Ésa es, ni más ni menos, la lógica de «los mercados».

Otro término bonito: «Los especuladores». Pocos se atreven a decir abiertamente que los especuladores pueden tener una función social pero es así. Cuando, por ejemplo, un fabricante de aviones vende 200 aparatos a China a entregar en varios años y con posibles cambios de paridad en la moneda durante ese periodo ¿qué hace? Acudir a los especuladores. El fabricante les dice algo así como «Mi negocio es fabricar y vender aviones y no tengo ningún interés en correr riesgos con el cambio. ¿Quién me vende dólares dentro de 5 años a 0,75 euros?» Naturalmente, la paridad euro-dólar dentro de cinco años podría estar ahí o en cualquier otro sitio pero el fabricante no quiere correr riesgos; el especulador los correrá por su cuenta y esa especie de casino que muchas veces son los mercados resultará tener una función: Que el que no quiere correr riesgos no lo haga y se dedique a su negocio.

En este momento, los especuladores están apostando contra el euro porque ven que una unión monetaria sin una unión política y fiscal no funciona. Han tardado semanas en decirlo abiertamente los políticos aunque en este mismo blog pueden ver escrito hace dos semanas que el problema no es Grecia, España, Italia ni Francia sino que son meros peones de una batalla que tiene otro objetivo: El euro. Aunque tarde, parece que los políticos se empiezan a enterar. Más vale tarde que nunca aunque podría ser demasiado tarde.

España se está viendo, por todo esto, en el papel del payaso que recibe las bofetadas porque no es el auténtico objetivo pero eso no elimina una pregunta: ¿Por qué es España el payaso que recibe las bofetadas? Entre otros motivos, porque un payaso loco la colocó en esa situación y un burócrata indeciso la mantiene ahí.

Todas las discusiones van sobre subir o no el IVA, céntimos sanitarios, copagos, peajes, subidas del IRPF y mil mecanismos más para exprimir a los ciudadanos.

Se retira también la asistencia a actividades  como la minería que llevan muchos años siendo cadáveres asistidos. En 1987, y ya ha llovido, alguien me comentó confidencialmente que la facturación de Hunosa no daba para pagar la nómina; no es que tenga gran simpatía por los mineros reconvertidos en terroristas y que ya han provocado heridos de distinta consideración en su intento de que se mantenga el cadáver con el corazón latiendo pero hay algo básico que se pierde por el camino:

Las urnas no son una patente de corso, y así lo han considerado tanto gobiernos anteriores como el actual. La legitimidad para exprimir al ciudadano o para eliminar actividades que no tienen viabilidad económica se gana con la ejemplaridad del que toma la decisión. Cada coche oficial cuesta unos 120.000 euros anuales ¿cuántos hay? El Estado central ha quedado reducido a una dimensión marginal ¿y el cáncer autonómico? Los nacionalistas catalanes, llevados por sus delirios de grandeza, han sido tan torpes que han llamado «Embajadas» a sus representaciones en el exterior pero no son diferentes de otras regiones que también tienen redes de representación en el extranjero aunque no las llamen embajadas.

El despilfarro, el clientelismo y la corrupción del Estado en su actual configuración es tal que nadie se fía de España -y le cobra más por prestarle dinero- porque no ve a los políticos dispuestos a desmontar un chiringuito insostenible del que ellos son los principales beneficiarios.

¿Se atreverá el burócrata indeciso a cambiar esto? La intervención tendría, aparentemente, una cosa buena: Alguien que no tuviera sus propios intereses en todo este lodazal podría tomar decisiones encaminadas a la liquidación. ¿Por qué «aparentemente»? Porque también tendría sus propios intereses; quizás no estarían en cuestiones como conseguir el apoyo del reyezuelo sino en las encuestas electorales de Baviera…por poner un ejemplo, intereses ajenos que no son más respetables que los enjuagues propios.

Dejémonos de historias: Es posible que incluso haciendo las cosas bien y evitando el despilfarro y la corrupción salvaje que hay en este país la dichosa prima de riesgo siga muy alta porque el objetivo es otro. Aún así, hay un problema de legitimidad: Nadie tiene derecho a pedir sacrificios a los ciudadanos mientras mantiene su costosísimo y corrupto chiringuito.

Eso, exactamente eso, es lo que están haciendo los políticos, tanto los actuales como los del pasado reciente, ésos que, si tuvieran un mínimo de decencia, se habrían convertido en ermitaños en lugar de tratar de dar lecciones.