Por mucho que se quiera, es difícil de tomar en serio una huelga cuando sus promotores van de la mano de aquél que, supuestamente, tendría que ser el más afectado por ella. Llegar al extremo de «¿cuándo te viene mejor la huelga, José Luis?» y aplazarla para evitar la coincidencia con la presidencia de la Unión Europea, coincidencia expresamente buscada cuando el partido en el poder era menos amigo, es algo que deja en evidencia un hecho conocido: Que los grandes sindicatos son correas de transmisión de algunos partidos políticos y que no tienen entidad propia

Friedrich Hayek en su «Camino de servidumbre», lectura que sería de gran interés en «Educación para la ciudadanía» junto con algunas otras, comentaba cómo el nazismo apareció en Alemania no como el aliado díscolo de la burguesía o de los grandes capitalistas sino como consecuencia del descrédito de los sindicatos en una situación de desempleo extremo: La gente desesperada acabó por ver a los sindicalistas y a aquéllos a los que éstos defendían -los que tenían un trabajo seguro en las grandes empresas- como una especie de élite con la que ellos no tenían nada que ver y acabaron cayendo en lo que creyeron que era una alternativa: El nazismo no nació en la puerta de servicio de las grandes mansiones sino en los barrios de chabolas.

¿Difiere mucho ese punto de vista del que hoy puede tener un trabajador parado o con empleo precario respecto de los cientos de miles de liberados que, a diferencia de él, no van a ver ni un euro descontado de su nómina por sumarse a la huelga? Las clases sindical y política, cuando van de la mano, inevitablemente consiguen una completa desafección por parte de amplias capas de la población y sólo falta que aparezca quien pueda presentarse como salvador para que se vuelva a vivir una historia conocida. De momento, los mecanismos de protección aguantan ¿hasta cuándo? La demagogia de bajo estilo, común a ambos lados del Atlántico, de «subirles los impuestos a los ricos» no funciona, especialmente de cara a aquéllos que jamás pensaron que se les pudiera aplicar la etiqueta de «ricos» pero se les suben igualmente los impuestos. No es éste un recurso que no tenga limitaciones porque, si se abusa de él, los principales contribuyentes simplemente se van o no vienen y tampoco se puede dejar en la cuneta a los que han caído en ella por diversos motivos, entre ellos, la propia pasividad o peor: El derroche a manos llenas y la toma de medidas contraproducentes.

Quizás la clase política y sindical española se siente muy tranquila jugando a su particular «Monopoly» pero son cada vez más los que abandonan la mesa de juego y no les interesa una partida que parece no ir con ellos. Con su forma de actuar, están incurriendo o, mas propiamente, haciendo incurrir a otros en un riesgo que creíamos desaparecido. Alguien puede pensar que éstos son otros tiempos pero es mejor que no se engañen: No hay ningún viento de la historia ni ninguna ley inexorable que imponga que mañana vayamos a ser más libres y tener una situación más justa que la de hoy. La libertad y su derivada, la justicia, son cosas a ganar todos los días y las acciones de cara a la galería no contribuyen a su defensa sino a ahondar en una división ya claramente visible: Cuando es difícil salir de un sitio, la persona prudente no se mete en él o, si se quiere en términos más formales, las barreras de salida lo son también de entrada: ¿Qué opinión le merece al parado de larga duración una defensa numantina de las condiciones de despido cuando sabe que éstas pueden estar entre los factores que hacen más difíciles su contratación? Cuando se habla de defensa de «los trabajadores» ¿se refieren sólo a los que tienen un trabajo fijo? Tal vez los que no lo tienen no se ven muy representados por lo que se dice bajo ese capítulo.

Cuando se legalizaron los sindicatos, todos los gobiernos han sentido la necesidad de tener un interlocutor enfrente, aunque tuvieran que inventarle la representatividad y, por supuesto, esto vale tanto para patronal como para sindicatos. Como consecuencia, se convirtieron en una especie de Reyes Magos trayendo desde el primer momento premios multimillonarios en forma de devolución de patrimonio sindical incluso a sindicatos que no existían cuando tal patrimonio fue incautado o de subvenciones de todo tipo. Por añadidura, han sido agraciados otorgándoles una representatividad de la que carecen tanto si se atiende a los niveles de afiliación como a los de votaciones en determinados sectores en que, a pesar de su prácticamente nula representatividad cualquiera que sea el criterio, acuden a la mesa de negociaciones gracias al B.O.E.

La prisa de los sucesivos gobiernos por tener alguien con quien acordar lo que sea ha impedido que se desarrollase un movimiento sindical real, no politizado y no dirigido desde el poder político. Los pocos sindicatos profesionales que responden a ese modelo han sido tratados con recelo y se les han puesto todas las zancadillas posibles desde el poder. Al final, ese modelo de funcionamiento ha conducido a que los mayores sindicatos dependan económicamente del Estado para su subsistencia con las consecuencias ya vistas tanto en forma de docilidad como de rebeldías impostadas. Los casi cinco o más de cinco millones de parados, según quien haga las cuentas, se ven totalmente ajenos a esa fiesta que no es la suya.

Puede haber motivos para protestar pero ¿tienen legitimidad para hacerlo quienes quieren ejercer como abanderados de la protesta teniendo en cuenta su propia posición y cómo la  han vaciado de contenido? Las posturas anunciadas, especialmente en Madrid por si se tenía dudas sobre el carácter político del asunto, y la esperable pasividad gubernamental ante los piquetes «informativos» dejan claro que se requiere una renovación total no sólo de políticos y sindicalistas sino de modelos políticos y sindicales. Ni la izquierda tiene la representatividad que pretende arrogarse de los trabajadores ni la derecha la tiene del gran capital. Los comportamientos de unos y otros son calcados y parece que hemos llegado al extremo de que sólo se representan a sí mismos. La situación a la que se ha llegado es, además de indignante, peligrosa pero parece que algunos quieren seguir en su «Monopoly».

Después de mucho repetir que no se iba a abaratar el despido, puede decirse que es la única medida tomada en la reforma laboral. Sus artífices mienten cuando dicen que lo abaratan para el empresario pero no para el trabajador puesto que un despido caro tiene como función representar una barrera de salida. Si el precio lo paga otro a través del establecimiento de una colaboración desde las arcas del Estado , pierde ese carácter de barrera de salida. No creo que, a estas alturas, nadie vaya a dudar de esto pero, si a alguien le cabe la menor duda, puede preguntarse por qué las bajas incentivadas se instrumentan como despido improcedente y encontrará una respuesta muy sencilla: Porque buena parte de la indemnización, es decir, el seguro de desempleo y el dinero no ingresado en el fisco que correspondería a una baja voluntaria pero no a una forzada, lo recibe el trabajador pero no lo paga la empresa. Se podía hacer peor pero es difícil.

Por otro lado, algunas de las «novedades» están vigentes desde 1994 y no se han aplicado por la misma razón que no se van a aplicar ahora: Porque, en lugar de responder a una normativa clara, implican una judicialización del proceso y los jueces siempre han aplicado y aplican la doctrina de in dubio, pro operario, causa por la que los despidos a 20 días por año por causas técnicas u organizativas, que existen desde 1994, nunca han llegado a ser aplicados sin pasar por la autorización del ERE.

Que una barrera de salida -un precio de despido muy elevado- lo es también de entrada y el empresario se lo pensará mucho antes de contratar es una evidencia para todos. Cosa distinta es que una reforma tenga que nacer y morir con un abaratamiento del despido. Elementos como la flexibilidad funcional, la posibilidad de pactar individualmente condiciones de trabajo, el replanteamiento completo del modelo de la Seguridad Social tanto en sus capítulos de ingresos como en los de gastos y la liquidación de las carísimas e inútiles estructuras que supuestamente representan a empresarios y trabajadores, incluida la ley de huelga que nunca se llegó a sacar, en unos casos por miedo y en otros casos por facilitar los desmanes de los propios siguen pendientes.

Por añadidura, ni siquiera quieren responsabilizarse de esta reforma y, después de aprobada, la llevan al Parlamento. No, señores. Que cada palo aguante su vela y, en este caso, les toca a ustedes tragarse sus contradicciones y toda la demagogia que se ha venido haciendo hasta que en Europa se han hartado de pagar los platos rotos.

Después del discutido anuncio de los recortes en pensiones y en salarios en la Administración Pública, llega ahora el turno de la reforma laboral. Quizás alguien se pregunte por qué se puede discutir tanto cuando hay una realidad y es el hecho de que no hay dinero suficiente. La respuesta es muy sencilla y se puede resumir en una sola palabra: Ejemplaridad.

Cuando alguien pide sacrificios, pierde toda legitimidad para hacerlo si, a su vez, no lo hace en las cosas que le tocan más de cerca. Hay muchos ejemplos e incluso un periódico Internet ha sacado una especie de juego con el título «Zapatero nos necesita»(http://especiales.libertaddigital.com/recorte-zp/)  invitando a sus lectores a elegir en qué terrenos se deben hacer recortes presupuestarios. Es posible que haya que bajar sueldos, es posible que haya que congelar pensiones e incluso es posible que haya que aumentar impuestos y, sin embargo, todo ello sigue siendo discutible porque:

1. La crisis que hoy se vende con tintes trágicos y requiriendo el esfuerzo de todos fue negada hasta la víspera de las elecciones generales, como puede verse todavía en los videos del debate Solbes-Pizarro en Youtube.
2. Las autonomías son un auténtico pozo sin fondo de recursos aunque la deuda es del Estado o, dicho de otra forma, el despilfarro absurdo de cualquier autonomía, consentido desde el Estado central por razones electoralistas,  lo pagamos todos y no sólo los que residen y votan en ella.
3. Hay costosísimos sacos de corrupción como el PER, que nadie se ha atrevido a reformar ni menos aún a quitar por el impacto electoral que habría tenido cualquier acción en ese sentido.
4. Existen ministerios completamente absurdos con su correspondiente dotación de recursos y altos cargos que podían estar mejor empleados en otros lugares. Lo mismo puede decirse de los centenares de asesores que pueden encontrarse en la propia presidencia del Gobierno o en ayuntamientos como el de Madrid.
5. Los partidos políticos y los sindicatos  viven del presupuesto, es decir, de todos en lugar de hacerlo de las cuotas de sus afiliados,  habiendo dado lugar a formas de vida: El político o el sindicalista no son ya profesionales que circunstancialmente se dedican a la política o al sindicato y si, en un momento, no están de acuerdo con lo que hacen sus jefes de filas, simplemente se marchan. Son, incluso a niveles bastante bajos profesionales de la política o del sindicato e intentan sacar el máximo de su profesión en términos económicos, de poder o ambos. Ese cambio ha dado lugar a un nuevo perfil, considerablemente más bajo, tanto del político como del sindicalista promedio.
6. Se derrocha dinero a manos llenas en capítulos completamente absurdos, desde la subvención a películas que jamás llegan a una sala de cine, equipos de traducción en el senado para que puedan entenderse entre sí personas que tienen como lengua común y nativa la oficial en todo el Estado hasta grupos nacionales o extranjeros sin más razón que la afinidad con el gobierno de turno y la vanidad de éste de poder ejercer de dadivoso con otros que estén todavía peor.
7. Se saca a centenares de inspectores de Hacienda de su labor de persecución de operaciones en paraísos fiscales para dedicarse a la persecución de PYMEs y autónomos y se tocan las rentas del trabajo pero no las SICAV.

Probablemente, algunos de estos capítulos tienen una importancia cuantitativa menor pero lo que no es menor es el carácter de ejemplaridad. Del mismo modo que en una empresa no se puede llamar a la austeridad y decir que se van a bajar las dietas y bajar la categoría de los hoteles en los viajes profesionales a la vez que la dirección continúa haciendo ostentación de todo tipo de gastos suntuarios, en el Estado tampoco y con mucha mayor razón. Éste es el capítulo que se lleva varios días discutiendo y se seguirá discutiendo con sobrada razón por la falta de legitimidad que conlleva la falta de ejemplaridad en la conducta de quien pide sacrificios. Ahora viene la segunda parte: La reforma laboral.

Michael Porter, conocido gurú de la estrategia en la Harvard Business School, identificó hace años los conceptos de barrera de entrada y barrera de salida pero, aunque no lo hizo totalmente explícito en su modelo, quedaba bastante claro que no eran conceptos independientes sino que tenían una estrecha relación entre sí: Si un negocio tiene una barrera de salida muy elevada, es dudoso que haya mucha gente que invierta en él porque, si las cosas salen mal, puede perder hasta la camisa. Aunque venga de Harvard y los conceptos tengan nombres tan sonoros como «barreras de entrada» o «barreras de salida», esto no es otra cosa que el más elemental sentido común. ¿Qué ocurre si nuestro «negocio» consiste en contratar a alguien? ¿No seguiremos la misma lógica? ¿No nos lo pensaremos más cuanto mayores sean las «barreras de salida»?

En la dialéctica al uso de sindicatos y del gobierno actual, se habla de que las reformas no deben «recortar los derechos de los trabajadores». Sea; no los recorten. El principal derecho de un trabajador es, precisamente, el derecho al trabajo y mediante el mantenimiento de un trato de privilegio a algunos, están dificultando el ejercicio a ese elemental derecho por parte de casi cinco millones de personas. En «Camino de servidumbre» (https://factorhumano.wordpress.com/2009/12/09/camino-de-servidumbre-de-friedrich-a-hayek/) Hayek ya avisaba de que el nazismo sobrevino precisamente por la creación de castas privilegiadas por parte de los gobiernos alemanes de la época en estos términos:

El conflicto entre el fascista o el nacionalsocialista y los primitivos partidos socialistas tiene que considerarse, en gran parte, como uno de aquellos que es forzoso surjan entre facciones socialistas rivales. No había diferencia entre ellos en cuanto a que la voluntad del Estado debía ser quien asignase a cada persona su lugar en la sociedad…pero, mientras los viejos partidos socialistas o las organizaciones laborales dentro de ciertas industrias no encontraban, generalmente, mayores dificultades para llegar a un acuerdo de acción conjunta con los patronos en sus respectivas industrias, clases muy amplias quedaban marginadas. Para ellas, y no sin alguna justificación, las secciones más prósperas del movimiento obrero parecían pertenecer a la clase explotadora más que a la explotada.

¿No le suena a conocido esto a cada uno de los casi cinco millones de parados o a la cantidad de personas que tienen contratos precarios, vía ETT, temporales, por obra o servicio o como falsos autónomos cuando no directamente sin contrato alguno? Cuando sus «defensores» tienen su puesto blindado ya que, incluso en el caso de un ERE (expediente de regulación de empleo) en la empresa en la que ellos están en calidad de «liberados», a ellos no se les puede tocar e incluso su sindicato se lucrará con el ERE.

Los «parias de la tierra» de la Internacional no son los trabajadores de los que se dice que no se quieren recortar sus derechos sino aquéllos que los tienen recortados desde hace bastante tiempo y éstos no están representados.  ¿Por qué en España, a diferencia de otros países, se empieza a crear empleo sólo cuando el PIB está creciendo por encima del 3%? ¿No dice eso nada? Está claro que sí; dice que, puesto que la barrera de salida es muy elevada, no se contrata si no se está muy seguro de que las cosas van a ir razonablemente bien al menos en el medio plazo. No existen los derechos de «los trabajadores». Hoy, más que nunca, se puede decir que existen derechos «de unos trabajadores» que entran en conflicto con los derechos «de otros trabajadores» , fundamentalmente los de los trabajadores en desempleo.

Que hay que tener un modelo laboral más flexible y no sólo en el apartado de coste de despido sino en muchas más cosas es algo que hoy debería ser difícilmente discutible y, sin embargo, continúa siendo discutido por organizaciones que, ante todo, se defienden a sí mismas y a los privilegios graciosamente otorgados con el dinero ajeno, es decir, el nuestro. Que los sindicatos y los partidos políticos tienen una utilidad es algo difícil de dudar; otra cosa es que «estos» sindicatos y «estos» partidos políticos la tengan. Unos y otros se arropan con el manto de los intereses generales cuando, a estas alturas, parece bastante claro que los únicos intereses que les preocupan son los suyos propios.

La imaginería sindical al uso en España no funciona para mucha gente que ha visto hasta donde se puede llegar por el camino de favorecer a los amigos y seguir un camino marcado por la ideología sin permitir nunca que la realidad estropee la película que cada uno se haya montado. Quizás de esta etapa se pueda sacar algo positivo: La vacunación contra la demagogia y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Los excesos, lamentablemente, siempre han provocado un movimiento pendular; en un momento en que la defensa de los intereses propios casi ha llegado a romper el péndulo, es difícil saber cuál será la intensidad del próximo movimiento pero hemos aprendido que Scott Adams no acertó en «El principio de Dilbert» cuando dijo que el trabajador que no funciona es desplazado al lugar en que menos daño puede hacer, es decir, a la dirección de la empresa. Quien no lo supiera antes, tiene ya suficientes elementos de juicio para saber que los Nerón y los Calígula son más peligrosos cuanto más poder tienen y, antes de apoyarlos pensando en sus propios intereses, a lo mejor había que mirar un poco más allá pero esto parece estar más allá del alcance de la casta político-sindical que actualmente tiene en sus manos algo tan serio como el modelo laboral y el derecho al trabajo de los casi cinco millones de personas convertido en papel mojado por incompetentes y rufianes propios y ajenos.

Nos jugamos mucho y no es seguro que las personas que se supone van a negociar una reforma laboral sean conscientes de ello y si, en caso de serlo, les importa lo más mínimo.