¿Es casualidad que la apología de Mario Conde se produzca en un momento en que las dudas sobre la incompetencia de Gobierno y oposición van dejando de ser dudas y pasando a ser certezas? ¿Es un primer paso para lanzarse de nuevo a una carrera política aprovechando la ausencia de alternativas creíbles por uno y otro lado?

Mario Conde y sus portavoces mediáticos no nos dicen nada nuevo cuando desvelan que detrás del caso Banesto hubo una maniobra política de gran envergadura. Sin embargo, es mucho más difícil sostener que Mario Conde aterrizó en la cárcel EXCLUSIVAMENTE por causas políticas y que no había metido la mano en la caja.

Uno, Felipe González, temía a Mario Conde como oponente en un momento en que los escándalos de corrupción le saltaban por todas partes; otro, José María Aznar, acababa de conseguir librarse del padrinazgo de Fraga y temía a Mario Conde como eventual sustituto. Ambos, por tanto, tenían motivos para desear la caída de Mario Conde pero eso no convierte a éste en inocente de toda culpa.

Mario Conde puede quejarse, con razón, de que con él se cometió un agravio comparativo ya que otros Bancos, fundamentalmente el entonces Banco Hispano Americano, se encontraban en una situación completamente crítica pero la amistad de su entonces presidente, Claudio Boada, con Carlos Solchaga y su grupo llevó a que los tratamientos de los casos Banesto e Hispano fueran radicalmente distintos.

La entrada de Mario Conde en Banesto fue una maniobra magistral: Banesto era un Banco ineficiente con una plantilla con la edad media más elevada de toda la Banca y cuyos pobres resultados hacían que sus acciones estuvieran valoradas a la baja. Sin embargo, el grupo industrial que había detrás tenía una dimensión mucho mayor de lo que podía pensarse por el valor de las acciones en el mercado, o sea, Banesto era el candidato ideal para una OPA hostil encaminada a trocearlo. Al vender piezas del grupo industrial a precio de mercado, mucho más elevado que el valor contable que reflejaba el valor de adquisición mucho tiempo atrás, eso podía transformarse en una máquina de hacer dinero durante bastantes años. Por añadidura, la elevadísima edad media de la plantilla permitía un cambio total hacia un modelo mucho más eficiente de funcionamiento sin necesidad de ningún tipo de soluciones traumáticas sino, simplemente, recurriendo a prejubilaciones de verdad, no de las que se comenzaron a hacer poco más tarde afectando a personas por debajo de los 50 años.

Mario Conde tuvo una gran perspicacia cuando se dio cuenta de qué era realmente Banesto y su enfrentamiento con el poder comenzó porque alguien más se había dado cuenta de lo mismo: José Ángel Sánchez Asiaían, entonces presidente del entonces Banco de Bilbao, quien quiso comprar Banesto contando con todas las bendiciones del poder político del momento. La negativa de Mario Conde a aceptar la compra de Banesto por el Banco de Bilbao sería el inicio del enfrentamiento que, en su primera fase, concluyó con su llegada a una cárcel en la que el régimen penitenciario debía ser lo suficientemente relajado como para permitir verle, mientras estaba encarcelado, comiendo en una conocida arrocería de los alrededores de Madrid. Aclaro que esto último nadie me lo ha dicho; estaba en la mesa contigua a la mía.

Si repasamos la historia de Banesto durante la época de Mario Conde, encontraremos que los beneficios que daba Banesto no procedían de su actividad bancaria sino del capítulo de «atípicos», es decir, de la venta con gran beneficio de una serie de empresas del grupo industrial y del reparto del dinero. Al parecer, maniobras políticas aparte, una parte de ese dinero no llegó nunca a los accionistas sino que se quedó en el camino y ésa fue la causa de la condena aunque, lamentablemente, tengamos que coincidir con Mario Conde en que eso le habría salido gratis si hubiera tenido las amistades convenientes y no hubiera estorbado los intereses políticos de los que tenían en su mano los resortes del poder para imponerlos.

La hagiografía de Mario Conde ha sido emitida por un medio que se identifica a sí mismo como «la derecha en España». A cualquiera le puede sorprender un mensaje publicitario que coloca a Sarkozy como «la derecha en Francia», a Merkel como «la derecha en Alemania» y, sin embargo, cuando llega a España no identifica a Mariano Rajoy como «la derecha en España» sino que se identifican ellos mismos como tales. Como en este ámbito nadie da puntada sin hilo, no podemos pensar que esa atribución o falta de atribución sea accidental sino que, de una forma absolutamente transparente, nos están diciendo que no consideran a Mariano Rajoy el líder de la derecha en España…y probablemente coincidan en la apreciación con muchos miembros del PP. Si esto es así ¿cuál es la alternativa a Rajoy?

Desde una posición de alguien que se considera «la derecha en España» no cabe pensar en que la solución venga de un recambio de Zapatero que haga dar un giro de 180 grados (360 que diría Ana Mato) a la política del PSOE. Si hablamos de un partido emergente como UPyD, mucha gente no afín al PSOE puede coincidir al 100% con el mensaje de Rosa Díez y mucha gente que sí es afín al PSOE pero no a Zapatero también. Sin embargo, es una alternativa más que dudosa. En primer lugar, el sistema electoral español favorece a los grandes partidos y a los que tienen su voto concentrado en pocas circunscripciones y un partido nacional minoritario tiene unas posibilidades mínimas. Sin embargo, no es éste el problema más grave: En la remota hipótesis de que UPyD llegase a alcanzar un número de votos que le permitiese ejercer como bisagra ¿contribuiría UPyD a limpiar el sistema o la diversidad de procedencias y tendencias de sus miembros haría que asistiéramos a una subasta del voto pudriendo todavía más el sistema de lo que ya lo está? Por último, UPyD es básicamente de izquierdas y muchos de sus miembros lo utilizan como una especie de «PSOE en el exilio» que espera la caída de Zapatero para volver a su papel de «senadores romanos» una vez desaparecidos Calígula y su caballo.

En estas condiciones ¿cuál es la apuesta de Intereconomía o, como ellos se califican, «la derecha en España»? Un líder de la derecha que pueda representar una alternativa a Rajoy y que pueda recoger a militantes y votantes descontentos con su acción o su inacción. Algunos no ocultan sus preferencias para ese papel por Esperanza Aguirre pero ésta no se ha decidido a dar el paso definitivo; además, Esperanza Aguirre, como ella misma reconoció cuando le preguntaron por su valoración en las encuestas, tiene adhesiones incondicionales y enemigos mortales. Alguien con un perfil intelectual más alto que una persona que no había leído a la famosa escritora «Sara Mago», como Esperanza Aguirre, pero con unos principios liberales igualmente sólidos  y dispuesto a defenderlos sin complejos sería una opción ideal. Exigir que, además,  fuera honrado sería ideal pero utópico.

A estas alturas, creo que somos muchos los convencidos de que el sistema político se sustenta en la doctrina MAD (Mutual Assured Destruction) que consiguió la paz en la época de la guerra fría. Nadie asciende en el escalafón de un partido si tal partido no tiene los recursos para, cuando le sea necesario, poder destruir al que se ha convertido en molesto. Es posible que alguien más optimista que yo piense que no es así; en tal caso, no estará de más recordar que las filtraciones que descabalgaron a Borrell de su puesto de candidato a la presidencia nacieron dentro del PSOE y, por idéntica razón y con idéntico origen, tenemos en estos días las informaciones que van saliendo encaminadas a la caza y captura de Bono con la finalidad de anularlo como alternativa. A alguien dentro del PSOE y partidario de Zapatero, si no él mismo, le puede venir bien liquidar políticamente a Bono y a alguien, que se autodefine como «la derecha en España», le puede venir bien publicar esa información para que no se produzca el relevo de Zapatero en el PSOE en la forma de un personaje que pudiera tener algún tirón populista. Por supuesto, al igual que en el caso de Conde, el hecho de que Bono sea atacado por motivos políticos no presupone en modo alguno su inocencia.

Con todo este cóctel ¿qué nos queda? Mario Conde. Mario Conde fue víctima, además de sus propias acciones, de una maniobra política en la que convergieron los intereses de las cabezas de los dos grandes partidos. Ahora, paradójicamente, nos lo quieren beatificar por idéntico motivo: Necesidad de buscar urgentemente un recambio tanto en el liderazgo de la derecha como en el de la izquierda.

Hace algún tiempo  me comentaron algo que me pareció increíble y tomé nota para, en caso de que fuera real, llegar hasta donde hiciera falta, incluso al Tribunal Constitucional aún sabiendo que decisiones pasadas e indecisiones presentes hacen que, por decirlo suavemente, no se encuentre en su momento de mayor prestigio. La cosa era que una infracción de tráfico cometida sin ir al volante de un vehículo que exigiera carnet de conducir podía, igualmente, suponer puntos en el carnet de conducir.

La objeción que se puede hacer es absolutamente clara: Supongamos que voy conduciendo una bicicleta -que no requiere carnet de conducir- y me salto un semáforo. Me tropiezo con un guardia urbano de la variedad normópata y decide que me va a sancionar y que la sanción me va a suponer pérdida de puntos en el carnet de conducir. Supongamos que en el mismo momento otro ciclista actúa de idéntica manera y el guardia le sanciona también a él pero, puesto que no tiene carnet de conducir, la misma acción tiene una sanción distinta en uno y en otro caso.¿Dónde está la lógica?

Pues bien, ahora sale el nuevo Código Penal que establece que, en determinadas situaciones como conducir con una alta tasa de alcohol en sangre, una de las sanciones asociadas es la confiscación del vehículo. Supongamos tres posibilidades:

1. Voy conduciendo pero el coche no es mío o es alquilado.
2. Voy conduciendo y el coche es mío pero es un cascajo que estoy encantado de que me quiten de encima.
3. Han pillado a Cristiano Ronaldo conduciendo un Ferrari recién comprado y a su nombre.

Idéntica situación. ¿Puede el Código Penal establecer sanciones distintas para el mismo acto en función de quién lo cometa? Si todos somos iguales ante la ley, parece que no. ¿No tienen nada que decir a esto ni la férrea oposición ni el prestigioso Tribunal Constitucional? ¿Tendrá alguien que llegar hasta Estrasburgo para intentar restablecer la cordura?

Hoy mismo, el comisario socialista europeo, Joaquín Almunia, explicaba cuál puede ser el sentido de la medida. Lo malo es que, al hacerlo, venía a decir también que una limitación no era ni útil ni conveniente sino que se estaba hablando de otra cosa: El hecho de que las retribuciones pueden estar sujetas a acciones dañinas para sus empresas y, sobre todo, para sus clientes. Por tanto, el asunto no era tanto «limitar» los sueldos sino explicar claramente a qué variables estaban sujetos los incentivos que se recibían.

Sobre el papel, y una vez que se aclara de qué se está hablando, resulta difícil no estar de acuerdo y, sin embargo, una medida de este tipo deja tantos cabos sueltos que acaba oliendo de lejos a populismo:

• Son muchas las empresas, no sólo los Bancos, las que pueden causar un grave impacto en el público y en las que la existencia de incentivos dirigidos a la maximización de beneficios a corto plazo puede ser dañina para el público. Ejemplo: Hace años, una compañía aérea decidió aplazar por cinco años la sustitución de aviones ya amortizados y, al hacerlo, inyectó en su balance una cantidad que, no por ficticia, dejó de aparecer en su cuenta de resultados. Si esa chatarra volante hubiera producido algún accidente ¿no estamos en una situación parecida?
• ¿Cómo se va a controlar la eventualidad de que parte de la retribución pase a ser opaca? Como han mostrado mecanismos como las cesiones de créditos, los seguros de prima única y muchos otros, hay una elevada creatividad en este terreno y, sin duda alguna, sería utilizada también en favor propio. Los paraísos fiscales reverdecerán, como ya ha empezado a ocurrir cuando en Estados Unidos los banqueros han empezado a moverse hacia allí para evitar restricciones en este terreno.
• ¿Cómo se va a evitar la competencia desleal? Si Estados Unidos y Europa entran en este tipo de medidas, podría estarse abriendo la puerta a Bancos de otras procedencias y sin esa restricción. ¿Van a asumir los Estados responsabilidad directa sobre los Bancos con salarios limitados? Si lo hacen, es una nacionalización virtual que requeriría muchas más medidas de control. Si no lo hacen, la medida relativa a los sueldos es una garantía bastante pobre de cara a los potenciales afectados.

Probablemente se está jugando con otras cosas en las que no se quiere entrar y se están buscando medidas muy visibles y, si es posible, que sean también populares aunque no sirvan para nada. Hace años, tres profesores de Harvard encabezados por Michael Beer pusieron de manifiesto qué tipos de beneficios obtenían los gestores de programas de actuación que no servían para nada. El factor clave era la visibilidad y, si a ésta le añadimos el regocijo popular, mejor todavía.

La aún no resuelta crisis del sistema financiero ha puesto en entredicho para muchos la viabilidad del modelo económico liberal. Sin embargo, se ha olvidado que un autentico liberalismo económico se apoya sobre una información transparente -lo contrario es lo más parecido a la mafia- y que si algo ha faltado ha sido transparencia. Tres semanas antes de quebrar, las agencias de calificación estaban dando las máximas puntuaciones a Lehmann Brothers. ¿Con qué tipo de información contaban para haberse equivocado de ese modo? Naturalmente, existe también la posibilidad -aún peor- de que no se hubieran equivocado y que no fuera ignorancia sino connivencia. Sea cual sea la situación, se puede optar por la transparencia o por aumentar el control. Medidas como ésta implican que se está optando por lo segundo.

En el caso de Lehmann Brothers, ha habido inversores especialmente conservadores que habían dado a sus Bancos instrucciones de colocar su dinero sólo en lugares exentos de riesgo. Es de imaginar la sorpresa que se han llevado al saberse afectados por la quiebra de Lehmann y, más aún, sin poder reclamarle a su Banco que, de acuerdo con las valoraciones de las agencias de calificación, había actuado de forma impecable.

Que es necesario hacer algo, nadie lo pone en duda. Que no vale hacer cualquier cosa sino sólo cosas que sean efectivas, debería ser igualmente claro y el populismo es pocas veces una solución.

Volviendo al principio, no son sólo los Bancos los que pueden afectar gravemente a sus clientes y tal vez conocer qué se está haciendo en el ámbito de la seguridad aérea podría ser de utilidad: No es necesario decir que hay una gran cantidad de regulaciones en lo que a transporte aéreo se refiere. Sin embargo, no es excesivamente complicado  cumplir con la letra de la norma violando su espíritu y, de hecho, el máximo dirigente de una conocida compañía decía que el único riesgo que veía para su compañía era la eventualidad de un accidente grave en su compañía o en otra de perfil parecido. La afirmación sólo tiene una explicación posible y volvemos a la idea de transparencia: Un accidente y la investigación posterior dejaría al descubierto prácticas que, estando dentro de la ley, pueden derivar en situaciones de riesgo. En el momento en que tal riesgo derive en un accidente, alguien pagará un precio muy caro y sin duda, quienes más caro lo pagarán serán los directamente afectados. El paralelismo con lo ocurrido con el sistema financiero es, como puede verse, bastante cercano.

Las empresas de transporte aéreo no han sido invitadas a limitar los sueldos de sus directivos sino que se ha tomado una medida de tipo muy diferente. Por un lado, aumentar la transparencia en la información ofrecida relativa a la seguridad y, por otro lado, se ha establecido la figura del accountable manager que, para entendernos, es el que tiene más probabilidades de ir a la cárcel en la eventualidad de que se descubran irregularidades graves o de que se produzca un accidente.

Si, mediante la transparencia, se aumenta la posibilidad de ser cazado y si la propia regulación establece sin lugar a dudas quién es el responsable de los aspectos que se quieren mantener a salvo, el resultado es una invitación a no jugar con fuego. El argumento dado por Almunia es correcto pero establecer limitaciones salariales a los banqueros es una solución de más que dudosa efectividad. Eso sí, el desempleado y el mileurista se sentirán muy consolados de ver que se ataca a los teóricamente poderosos.

Hace ahora 21 años se produjo el naufragio del barco «Casón» frente a las costas gallegas y será por eso que el Parlamento gallego ha decidido otorgar al comité de empresa de la empresa Alúmina Aluminio, afectada por el naufragio en la forma que veremos, un reconocimiento por su actitud: http://www.galiciae.com/nova/8108.html

El homenaje es bastante discutible si se contrastan otras fuentes http://www.elpais.com/articulo/economia/ALUMINA-ALUMINIO_ESPAnOLA/Supremo/admite/despido/comite/empresa/Alumina-Aluminio/elpepieco/19890131elpepieco_2/Tes/ o, simplemente, si se tiene una cierta memoria de lo ocurrido.

El abandono de la fábrica de aluminio provocó unas pérdidas por daños a la maquinaria que provocaron su quiebra inmediata. El derecho a la huelga puede ser constitucional, el abandono sin mirar cuáles puedan ser sus consecuencias no debe serlo. El Gobierno -socialista- de entonces y los tribunales así lo entendieron y hoy parece que quieren enmendarles la plana en el Parlamento gallego.

Si, en aquel momento, un mínimo concepto de proporcionalidad bastaba para señalar como ilegítima la acción que provocó la ruina de la empresa, digan lo que digan los próceres gallegos, hoy resulta mucho más discutible el concepto de proporcionalidad que se quiere aplicar a las movilizaciones colectivas.

En España hay una asignatura pendiente y es la ley de huelga que nadie, por distintos motivos, se atrevió a desarrollar.

En el caso de los partidos de derechas, pensaban que un desarrollo mínimamente restrictivo de tal ley era una invitación a la toma de la calle por los sindicalistas y quisieron evitar la oportunidad; los partidos de izquierdas, por su parte, siempre han visto a los autodenominados sindicatos de clase como su brazo armado y no les venía bien limitar una acción que podía ser favorable a sus intereses en la mayoría de los casos…aunque la situación provocada por el naufragio del Casón se produjo en un momento en que el gobierno del Partido Socialista contaba con el respaldo de una mayoría absoluta en el Congreso.

Ésa es la situación en que nos encontramos hoy: La ausencia de una ley específica que regule el derecho de huelga da lugar a abusos y a la judicialización de un derecho que debería estar claramente regulado.

Un paso más en la judicialización, en ausencia de ley de huelga,  es la introducción del criterio de proporcionalidad reconocido por el Tribunal Constitucional y que se ve claro en casos extremos como el del Casón pero que puede ser mucho más discutible en otros y, por ser discutible, está sujeto a todo tipo de pleitos.

Está claro que el vandalismo y el sabotaje -que ya la legislación penal trata como delitos- deben quedar fuera de la acción sindical, aunque casos como la huelga de limpieza en el Metro de Madrid donde los heroicos defensores de los trabajadores vertían aceite o volcaban contenedores de basura en las escaleras de acceso parezcan ignorarlo, pero, cuando vamos a la proporcionalidad económica ¿en qué consiste?

¿Cuál es el criterio de proporcionalidad aplicado a un despido que pueda verse como injusto? ¿y a un desacuerdo sobre una subida salarial? ¿el criterio de proporcionalidad se aplica a la facturación o al margen dejados de percibir? ¿se establece alguna proporcionalidad entre el potencial económico de las partes para evitar que sólo los ricos puedan reclamar a los ricos?

No hay nada claro salvo que, en cada caso, se puede acabar en la lotería de los tribunales…y la denominación de lotería no es gratuita ya que, incluso en situaciones donde la ley es mucho más clara, puede haber sentencias sorprendentes ¿qué no ocurrirá en un terreno donde hay una omisión deliberada que dura ya treinta años?

Si era ya urgente una ley de huelga, el criterio de proporcionalidad y la posibilidad de aplicaciones totalmente aberrantes del mismo la convierten en una necesidad de primer orden.

En caso contrario, nos podemos encontrar con una paradoja: La ausencia de una regulación, que no se introdujo por no limitar los desmanes de los amigos o por temor a los enemigos, puede llevar a que el derecho de huelga quede reducido a papel mojado.